La Cámara de Cuentas zanja el caso: el contrato del hermano de Ayuso «se adapta al ordenamiento jurídico»

La Cámara de Cuentas, el órgano externo e independiente de auditoría de la Comunidad de Madrid, ha avalado de forma definitiva el Informe sobre Contratos de Emergencia del COVID, en el que se incluye el contrato de compra de mascarillas relacionado con el hermano de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

El informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO, concluye que «con carácter general, la mayoría de los contratos fiscalizados se han adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico para esta situación». Es decir, que no aprecia ningún tipo de irregularidad en el contrato de compra de mascarillas del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a Priviet Sportive con valor de 1,25 millones de euros.

La Cámara de Cuentas ha analizado un total de 4.448 contratos de emergencia firmados por la Comunidad de Madrid durante todo el 2020, de los cuales 159 corresponden a obras, 3.622 a suministros y 667 a servicios, por un importe total de adjudicación con IVA de 943.441.168,49 euros.

De esta forma, este organismo independiente ha terminado por dar cobertura legal definitiva al polémico contrato relacionado con el hermano de la presidenta, por el que cobró 55.850 euros como «contraprestación por su trabajo» como comercial en el sector sanitario, en el que, según ha subrayado Díaz Ayuso en numerosas ocasiones, lleva trabajando más de 26 años.

Cuando estalló la polémica por el contrato, que ha terminado con la renovación de la cúpula del PP, Ayuso publicó un comunicado en el que explicaba que su hermano, Tomás Díaz Ayuso, envío en 2020 4 facturas a la empresa Priviet Sportive, adjudicataria de un contrato con la Comunidad de Madrid.

Una de ellas, de 30 de junio de ese año, «fue por gestiones para la compra de mascarillas en China, vendidas a la Comunidad de Madrid a 5 euros cuando los precios en ese momento llegaban a 10,5 euros».

«La factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto. Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación», recogió la nota.

Dificultad para contratar

Por otra parte, el informe de la Cámara de Cuentas, publicado este miércoles, reconoce que «desde el inicio de la pandemia se constató la enorme dificultad para acceder al mercado incluso mediante la utilización del procedimiento de emergencia».

El documento afirma que «la imposibilidad de contar con los suministros sanitarios imprescindibles en las primeras etapas de la pandemia tanto en España como en otros países», implicó una «enorme indeterminación en cuanto a la negociación y fijación de los precios, plazos de entrega, calidades o, incluso sin tener la certeza de si algunas de las actuaciones destinadas a atajar la emergencia sanitaria podrían llevarse a cabo».

«Los procedimientos de contratación de nuestro sistema jurídico están diseñados para pequeñas emergencias, no para grandes emergencias y apenas resultaban eficientes ante la magnitud de la pandemia. Al no existir precedentes ni legales ni procedimentales para una situación como esta, las normas se han tenido que interpretar atendiendo a la realidad social del tiempo en que han tenido que ser aplicadas», agrega el texto.